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La consultora de la organización civil Blue Planet Project, Claudia Campero Arena, detalló que la recién aprobada Ley General de Aguas tiene como objetivo reglamentar el derecho humano al agua de todos los mexicanos, pero utiliza algo del lenguaje sin buscar cumplir con los estándares internacionales en la materia y realmente hacer que todos disfruten de esta garantía individual.
En entrevista para el noticiero de Jaime Nuñez y ante las versiones que afirman, esta ley busca privatizar la distribución del vital líquido, recordó que desde los años 90 la Ley Nacional de Aguas contempla un esquema donde se busca mucho la participación privada en la provisión del servicio, situación que ha generado problemas importantes en diferentes ciudades como es el caso de Saltillo y Aguascalientes.
"Es importante destacar que profundiza las prerrogativas que tienen las concesionarias, les da voz y voto en los consejos de cuenta, les permite además trasvasar el agua para cualquier punto, es decir, lo estamos trasladando muchas veces contra pendiente por gran cantidad de kilómetros, lo cual significa un costo energético muy importante además un costo ambiental y social importante en el sitio donde estamos dejando de recibir esta agua; por eso esto es un problema ecológico importante, que se ha reconocido internacionalmente", abundó.
Añadió que a su parecer esta ley deja varios problemas, pues la promoción defensa de los intereses privados por encima de los intereses de las personas resulta muy preocupante, motivo por el cual han propuesto a los legisladores frenar el contenido de esta iniciativa.
Destacó que además existe una propuesta de ley ciudadana en la materia, cuyos contenidos son muy interesantes y buscarían cambiar la forma en que se ha manejado el vital líquido en nuestro país, colocando su manejo en manos de las personas y las comunidades de una manera más sustentable, aspecto en el que trabaja muchos académicos y organizaciones de la sociedad civil y comunitarias.
Al ser cuestionada hacia sobre la dirección que sigue el resto del mundo en este tema, Campero Arena dictó:
"Lo que estamos proponiendo sí son las mejores prácticas a nivel internacional, estamos buscando que la gestión sea descentralizada, el agua es un bien que se localiza en los sitios, si lo empezamos a trasladar vamos a generar más conflictos, entonces por eso la gestión debe ser descentralizada.
"Esta ley también busca más poder para la Conagua, que la Conagua pues ha desempeñado un papel malo durante estos años, para el bienestar de las comunidades. Ahorita tenemos una serie de conflictos ambientales relacionados con esta gestión del agua, lo que es el conflicto de la Presa del Zapotillo, lo que es el Acueducto Independencia, ahora con el Acueducto Monterrey."
En este sentido, explicó que como las ciudades mexicanas tienen un índice de fugas cercano al 40 por ciento, aseguró que además de implementar las medidas de corrección correspondientes, es imperante cambiar la visión mexicana e invertir en proyectos para la recuperación del agua de lluvia y el reutilizamiento del agua, entre otras que permitirán alcanzar un futuro ambiental y socialmente más sustentable.
Finalmente, aseveró que durante el proceso de integración y aprobación del dictamen en cuestión, los legisladores dejaron claro que no estaban dispuestos a escuchar a la sociedad civil e incluso "miedo al diálogo".
cegs