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La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio publicidad al dictamen que expide la Ley General de Aguas, reglamentaria de los artículos 4 y 27 de la Constitución Política y aprobada ayer en Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos. El proyecto podría discutirse a partir de la próxima sesión en el pleno.
Los legisladores del PRD y de la agrupación de diputados de Morena trataron de que no se diera publicidad al dictamen bajo el supuesto de que se violentó el procedimiento legislativo y de que se busca privatizar el servicio de agua potable.
Al respecto el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alberto Serdán, señaló que esta aprobación ayer por los diputados, se dio en pocas horas.
Explicó en entrevista con Denise Maerker, que la nueva Ley General de Aguas, "está endulzada como ley para garantizar el derecho humano al agua, pero en realidad atenta contra comunidades, contra el manejo sustentable del agua y beneficia de forma desmedida a concesionarios”.
La ley establece que es de utilidad pública usar agua para generar energía eléctrica y, si una comunidad se opone a una hidroeléctrica que inundará sus casas, no tiene protección jurídica posible ni amparo, los desalojan y punto.
"Y si protestan, el nuevo artículo 263, señala que se podrá usar la fuerza pública para hacer cumplir las decisiones de las autoridades, porque califican la producción de energía eléctrica de utilidad pública”.
Abundó el especialista del CIDE que esta nueva norma también atenta contra el manejo sustentable del agua porque permite a los particulares pasar agua de una cuenca a otra.
En ese sentido, detalló que el país se divide en cuencas. "¿Qué es una cuenca?, imagínense una hielera que le hechas agua y se va a diferentes huequitos. En el país las montañas hacen estos huequitos y cada huequito es una cuenca y con esta nueva ley los trasvases también son de utilidad pública y como Nuevo León y Chihuahua no tienen mucha agua, esta ley les permite traerlas de otras cuencas para satisfacer su demanda”.
También esta ley dice que debe facilitarse a los concesionarios la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política del agua, tienen voz y voto en los consejos de cuenca y en la vigilancia de la explotación, uso y aprovechamiento del agua, así como de la prevención, conciliación, arbitraje, mitigación y solución de conflictos en materia del agua.
Destacó que los concesionarios también pueden participar en el arbitraje en conflictos de materia hídrica y pueden coadyuvar en la selección de proyectos en obras de infraestructura hidráulica.
Finalmente, añadió que la ley establece que el Estado va a promover la participación ’voluntaria’ de los concesionarios en esquemas de auditoría y evaluación para cuantificar el cumplimiento de la normatividad del uso eficiente del agua y su adecuada gestión.
jhe