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El gobierno de Sonora y el gobernador de la entidad, Guillermo Padrés Elias están derrotados legalmente, aseguró Tomás Rojo, vocero de la tribu yaqui durante la presentación del informe "Una sentencia fallida”, realizado por la Misión Civil de Observación (MCO).
En conferencia y al hacer un balance del incumplimiento del gobierno mexicano de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el marco de la consulta a la tribu yaqui elaborado por la Misión Civil de Observación de la Consulta, la misión dio a conocer las recomendaciones en torno a esto.
Insistió en que hay instancias que se han negado a cumplir con la ley y haciendo uso de argucias legaloides ejercen sus deseos, argumentó Tomás Rojo.
Indicó que durante la lucha yaqui contra de la construcción del Acueducto Independencia se han violado derechos humanos y estándares internacionales para la resolución del conflicto.
Durante la presentación del informe, el vocero señaló que una comisión de representantes de los pueblos yaquis se reunió con el secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud para ver el proceso actual de defensa del territorio yaqui especialmente en el caso del acueducto Independencia.
Dijo que en esa reunión se abordó el tema sobre el proceso de consulta a los pueblos implicados en la construcción de la obra, pero la reunión no fue gratuita tras el cuestionamiento y críticas que ha recibido el gobierno mexicano por parte de gobiernos extranjeros respecto a los derechos humanos en México, mismos que definió como una "garantía, estabilidad y parte de la convivencia pacífica de los pueblos”.
Y es que, desde el año 2010, el gobierno de Sonora comenzó la licitación y concesión para la construcción y operación del Acueducto Independencia para trasvasar, desde la presa El Novillo, alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora.
Recordó que ese mismo año el proyecto fue sometido a una Manifestación de Impacto Ambiental ante la Semarnat y en el 2011 fue autorizado. Todos estos actos de autoridad se realizaron sin consultar a la Tribu, en franco incumplimiento de la ley nacional e internacional”.
En su oportunidad Pablo Reyna, académico de la Universidad Iberoamericana recordó que los pueblos indígenas tienen que organizarse, luchar y resistir para exigirle al gobierno que los derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales deban ejercerse.
Aquí el informe de la Misión Civil de Observación.
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