El tráfico de arena se ha convertido en una actividad rentable y de bajo riesgo para los grupos delictivos de América Latina y el Caribe. Esto se debe a que hay escasa supervisión de las autoridades en toda la región y suele utilizarse en la industria de la construcción para hacer materiales como hormigón o para fabricar los cimientos, de acuerdo con una investigación de InSight Crime.
La extracción de arena de manera ilegal ha provocado daños ambientales, como la extinción de especies salvajes, cambios en los cauces fluviales y el aumento de inundaciones.
Aunado a que es difícil de perseguir, debido a que es imposible distinguir entre la que se obtiene de manera legal de la ilegal. En México, el tráfico de arena está vinculado con la corrupción de las élites, de acuerdo con la profesora en ciencias políticas Edith Kauffer.
Esto se debe a que las empresas que están legalmente registradas para hacerlo y cuentan con un permiso para extraer arena no siguen la normativa legal. Además, de que cuentan con protección de funcionarios locales corruptos.
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Este delito no suele denunciarse por temor a repercusiones violentas. Algunas de las células delictivas que ejercen esta actividad ilegal pueden exportar su producto a Estados Unidos sin problema, debido a que no le han prestado la atención necesaria.
A esta problemática se agrega que los consumidores han señalado que la arena que se obtiene de forma legal ha perdido sus efectos sobre la calidad del agua, lo que podría motivar que empresas constructoras de la frontera usen la materia prima de manera ilegal.
¿Qué ocurre con el tráfico de arena en Brasil y Colombia?
La investigación advierte que en Brasil la extracción ilegal de arena es una de las industrias ilegales más rentables, incluso supera a la que se obtiene de manera legal. La que se extrae de forma ilegal representa más del 40 por ciento del total que se utiliza en todo el país.
En Brasil hay algunas milicias, como la de Zinho, que roban arena para abastecer el mercado inmobiliario ilegal y obtener ganancias del monopolio de servicios que ofrecen a los residentes de los edificios que se construyen de forma ilícita.
Los grupos delictivos no sólo controlan los lugares donde extraen arena ilegalmente, sino que cobran un impuesto a las empresas que operan de manera legal. En este país tampoco existe una regulación eficaz.
Mientras que en Colombia los grupos criminales que trafican arena lo hacen como una de las actividades adicionales que agregaron a su portafolio criminal.
Este delito cobró relevancia a partir de la década de 1990, debido a que creció la demanda de urbanización en la costa. La arena que se extrae ilegalmente en Colombia equivale a la mitad de la que se usa para construir.