La directora de la agencia para la Administración y Control de Drogas en los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Anne Milgram, compareció este jueves ante la Cámara de Representantes, donde advirtió que investigarán posibles actos de corrupción por parte de funcionarios mexicanos y que han permitido la expansión del narcotráfico.
Durante su intervención en el Capitolio, Milgram enfatizó en que se han descubierto posibles actos de corrupción "que alimenta el tráfico de drogas en México y el mundo", esto en referencia a la investigación hecha sobre los 'Chapitos', donde cuentan con una serie de informantes y que también corroboró la periodista Anabel Hernández.
Milgram advirtió que la DEA irá "hasta las últimas consecuencias", con la finalidad de descubrir los posibles vínculos entre el crimen organizado y funcionarios mexicanos, mismos que han permitido la proliferación de sus actividades criminales, así como la problemática en el consumo de opioides (como el fentanilo) que vive Estados Unidos, según información de Reforma.
El pasado 14 de abril, la DEA presentó una acusación criminal en contra de 28 personas, donde se describen presuntos actos de corrupción y los sobornos que son necesarios para proteger a los 'Chapitos'; aparte de que elevó el monto de la recompensa a 10 millones de dólares (180 millones de pesos) por cada uno de los hijos de Guzmán Loera.
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¿Y qué dijo Anne Milgram sobre los señalamientos en su contra?
Anne Milgram compareció ante la Cámara de Representantes por una serie de contratos que no fueron licitados -con un valor de 4.7 millones de dólares (alrededor de 84.6 millones de pesos) y así contratar a personas que la funcionaria conoció durante su época como fiscal general de Nueva Jersey, hecho que fue descubierto por una investigación de la agencia AP.
En su comparecencia, Milgram se mostró a favor de la inspección ordenada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La funcionaria se declaró inocente, pero no se acogió a la quinta enmienda, lo cual impide que las y los ciudadanos estadounidenses sean privados de la libertad o bienes durante el debido proceso.
De igual modo se investiga un contrato de 1.4 millones de dólares (25.2 millones de pesos), el cual fue asignado a un despacho de abogados en Washington, con el objetivo de desestimar casos de mala conducta en los agentes. El inspector general busca pruebas, con la finalidad de afincar sanciones administrativas o penales.
La DEA también es investigada por presuntos casos de abuso de poder y corrupción; aunado a que se le critica su actuar por el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero que llevan a cabo los grupos criminales en México.