La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que apelará la decisión de un juez federal, quien desestimó la demanda de 10 mil millones de dólares presentada por México para responsabilizar a fabricantes de armas estadounidenses de facilitar el tráfico de una mortífera avalancha de armas a través de la frontera con Estados Unidos a los cárteles de la droga.
La SRE aseguró que apelará la decisión del juez federal de la Corte de Distrito en Boston, Massachusetts, y seguirá insistiendo en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y con rendición de cuentas.
A la par, aseguró que la forma negligente como se venden en los Estados Unidos facilita que los criminales en México accedan a ellas, por lo que la demanda civil por daños contra quienes lucran con la violencia que sufren los mexicanos pasará a una segunda etapa.
Horas antes, el juez jefe F. Dennis Saylor dio a conocer su fallo en el tribunal federal de Boston, lo que representó una victoria para Smith & Wesson Brands Inc SWBI.O, Sturm, Ruger & Co RGR.N y otros acusados de socavar las estrictas leyes de armas de México al diseñar, comercializar y vender armas de asalto de estilo militar que los cárteles podrían utilizar.
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Saylor dijo que la ley federal prohíbe "inequívocamente" las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas cuando la gente usa las armas para el propósito con el que se crearon. También dijo que, aunque la ley contenía varias excepciones puntuales, ninguna se aplicaba.
"Aunque el tribunal siente una gran simpatía por el pueblo de México, y ninguna por quienes trafican con armas para las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir la ley", escribió Saylor en una decisión de 44 páginas.
La cancillería mexicana y los abogados del país no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios. Un abogado de Smith & Wesson declinó hacer observaciones al respecto. Los abogados de Sturm, Ruger no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
En su demanda de agosto del 2021, México estimó que el 2.2 por ciento de los casi 40 millones de armas fabricadas anualmente en Estados Unidos se introducen como contrabando en México, incluyendo hasta 597 mil armas producidas por los acusados.
México dijo que el contrabando ha sido un factor crucial para empujar al país al tercer puesto mundial en el número de muertes relacionadas con armas. También afirmó sufrir muchos otros perjuicios, como la disminución de la inversión y la actividad económica y también la necesidad realizar un mayor gasto en la aplicación de la ley y seguridad pública.
Sin embargo, el juez dijo que México no podía superar una estipulación que se encuentra en una ley estadounidense, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que protege a los fabricantes de armas de demandas por "los daños causados únicamente por el mal uso, delictivo o ilegal, de armas de fuego (...) realizado por parte de otros cuando el producto funcionaba como estaba diseñado y previsto".
La lista de demandados incluye también a Barrett Firearms Manufacturing Inc, Beretta USA Corp, Colt's Manufacturing Co y Glock Inc._Con información de Reuters