La diputada María Paola Cruz Torres, presentó ante el Pleno del Congreso local la iniciativa relacionada con el reconocimiento del Derecho Humano de Mujeres y Niñas a una Vida Libre de Violencia, con el fortalecimiento del Sistema Estatal Integral para la Prevención, Detección, Atención, Investigación, Sanción y Erradicación de todo tipo de Violencias hacia las Mujeres y Niñas que habitan o transitan en Morelos.
En su argumentación, la legisladora refirió que “de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, de enero a abril de 2022, Morelos “ha encabezado la lista como la entidad en la que más delitos de feminicidio se cometen por cada 100 mil mujeres”.
Tras recordar que, la Secretaría de Gobernación emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en la entidad desde el 10 de agosto de 2015, la diputada Paola Cruz informó que “Puente de Ixtla, Jojutla, Jiutepec, Cuautla y Cuernavaca” se han colocado entre los 100 municipios del país en los que las mujeres corren mayor riesgo de ser víctimas de feminicidio.
De manera específica Cruz Torres explicó que su iniciativa plantea, por una parte,
“una reforma a la Constitución Política” de Morelos para incluir el reconocimiento “del derecho de las mujeres y niñas que habitan o transitan en el estado de Morelos a vivir una vida libre de violencia”.
Explicó que, al elevar a rango constitucional el derecho de mujeres y niñas que habitan o transitan en Morelos a vivir una vida libre de violencia
“se garantiza la corresponsabilidad de cada una de las instancias del Estado y sus atribuciones, así como las sanciones que deberían de tener quienes no promuevan, garanticen o generen acciones sustantivas a favor de la condición y calidad de vida de mujeres y niñas morelenses”.
Asimismo, la legisladora señaló que “se pretende establecer el Sistema Integral para la Prevención, Detección, Atención, Investigación, Sanción y Erradicación de todo tipo de Violencias Hacia las Mujeres y Niñas que Habitan o Transitan el Estado de Morelos”.
Puntualizó que el Sistema Estatal Para Atender Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las mujeres no ha obtenido los resultados esperados, por lo que es una obligación legislativa fortalecerlo mediante acciones que vinculen de manera directa y desde el rango constitucional a las instituciones y representantes que lo conforman; además propone reestructurar su integración al incorporar dos nuevos ejes de acción: la detección y la investigación, que tienen por objeto fortalecer de manera integral las funciones con las que cuenta este sistema.