Durante su comparecencia ante las y los diputados del Congreso del estado, encabezados por la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Luz Dary Quevedo Maldonado, la titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, Fabiola Jazmín García Betanzos, reconoció que la dependencia a su cargo cuenta con un presupuesto apenas cercano a los 9 millones de pesos, y que el 80% de los recursos se destinan al pago de nómina.
Al respecto, las diputadas Edi Margarita Soriano Barrera, Mirna Sánchez Zavala, Paola Cruz Torres, Macrina Vallejo Bello y Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, y los legisladores Julio César Solís Serrano y Eliasib Polanco Saldívar, manifestaron su preocupación y expresaron su compromiso para mejorar las condiciones de esta dependencia en el próximo proyecto de presupuesto.
En su exposición, García Betanzos reconoció la gravedad de la incidencia de feminicidios en la entidad y destacó que la dependencia requiere de más recursos para combatirla, que se invertirían en adquisición de tecnología, aumento de personal de investigación criminal y peritos, entre otras.
Explicó que Morelos aparece en el primer lugar de incidencia de feminicidios por la metodología que se usa para contabilizarlo, que se refiere al porcentaje por cada 100 mil habitantes, pero en números absolutos, “nuestra entidad se encuentra en quinto lugar, por debajo de entidades como Estado de México, Veracruz y Ciudad de México”.
Refirió que en el mundo ocurren 137 feminicidios al día –la mitad cometidos por familiares de la víctima-; en nuestro país la incidencia es de 10 casos, mientras en Morelos las cifras han pasado de 41 casos en todo 2019 a 21 en lo que va de este año; las víctimas en su mayoría son mujeres de 21 a 25 años, seguidos por las de 31 a 35 y de 36 a 40.
Ya en materia de la comparecencia, fue la diputada Edi Margarita Soriano, la primera en hacer uso de la palabra, intervención en la que destacó la importancia de la prevención de la violencia desde la infancia, para que las niñas puedan identificar desde temprana edad las conductas agresivas en contra de las mujeres, que a la postre derivan en violencia feminicida.
De su lado, el legislador Julio Solís manifestó su preocupación en torno a que, a pesar de las recientes detenciones de presuntos feminicidas, “Morelos se mantenga entre los primeros lugares” en el rubro de asesinatos de mujeres por razón de género, y cuestionó a la fiscal respecto a cómo se protege a las mujeres cuando son víctimas de “homicidio en grado de tentativa”, al tiempo de referir que él ya presentó una iniciativa para que se penalice este delito.
En respuesta, la fiscal reconoció y lamentó que, en Morelos, los albergues para resguardo y protección de las mujeres en dicha situación “están saturados”, por lo cual se han tenido que apoyar en la infraestructura de otros estados e hizo votos para que dicha iniciativa prospere, pues “sería de gran ayuda” en muchos casos de violencia.
En su oportunidad, la diputada Mirna Zavala, lamentó que solamente el 1% del presupuesto de la Fiscalía General del Estado (FGE), se destine a la Fiscalía Especializada de Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, luego que la fiscal precisó que a esta última se destinaron 8 millones 994 mil pesos el año anterior y de esa cifra, 7 millones 420 se ocuparon en el pago de servicios personales (nómina).
Por otro lado, en su intervención, la diputada Paola Cruz Torres cuestionó a la titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio en torno a cuáles fueron los criterios que se aplicaron para catalogar el caso de “la niña de las flores”, ocurrido en Temixco; asimismo, le requirió saber cuáles son los protocolos que se siguen para casos de trata y desaparición de mujeres.
En tanto, la legisladora Andrea Gordillo le pidió a García Betanzos información sobre cuántas personas trabajan en la fiscalía; cuánto personal se requiere para resolver un feminicidio y si existe capacitación al personal que labora en esta dependencia. Al respecto, la funcionaria le detalló que actualmente se cuenta con una plantilla de “24 personas”, entre agentes del Ministerio Público, agentes de investigación criminal y peritos criminalistas; además, le aseguró que el personal cuenta con capacitación permanente.
Para finalizar, la diputada Macrina Vallejo solicitó a la fiscal información sobre el presupuesto asignado para capacitar y profesionalizar al personal a su cargo en temas concernientes con la atención y trato a las integrantes de los pueblos originarios. La funcionaria admitió que “como tal no existe” un recurso para ese rubro en específico, sin embargo, refirió que se busca concretar la integración de una “unidad de traductores”, para mejorar la atención de dicho sector.