La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), emitió la Recomendación 5/2022 al Ayuntamiento de Mazatlán, por violaciones a los derechos humanos, a la libertad de pensamiento y expresión, al derecho a la libertad personal, en su modalidad de detención arbitraria, a la integridad física y a la seguridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica, al trasgredir la garantía de audiencia y debido proceso por parte de elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal, en contra de dos periodistas y cuatro personas más.
Miguel Ángel Calderón Espinosa, visitador general de la CEDH, recalcó que las agresiones a periodistas, además de contribuir a una afectación a la esfera jurídica del agraviado, representa una afrenta a la sociedad en su conjunto ya que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no solo tienda a la realización personal, sino a la consolidación de una sociedad democrática.
“Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, recomendó para efecto que se realicen las gestiones necesarias, para que se proceda a la reparación integral del daño de las víctimas para efecto que se realicen los procedimientos de responsabilidad administrativa, y para efecto que se instruya a las y los servidores públicos adscritos al juzgado cívico para que todos sus casos puestos en sus conocimientos elaboren las resoluciones que elaboren las sanciones que imponen”, dijo.
La Comisión Estatal inició una investigación de oficio por la publicación de una nota periodística publicada el día 13 de octubre del 2021, en el portal electrónico de noticias Sinaloa en Linea, cuyo encabezado señala: Los periodistas fueron detenidos porque supuestamente estaban entorpeciendo la labor policial, al grabar los hechos, por desobedecer un mandato legítimo de la autoridad.
Posteriormente, fueron trasladados hasta una caseta de policía donde fueron agredidos verbal y físicamente, para luego ser trasladados al Juzgado Cívico. En el referido juzgado, los periodistas fueron dejados en libertad sin ser puestos a disposición de alguna autoridad y sin existir registro administrativo de detención.
En el caso, se omitió emitir una resolución mediante la cual la autoridad responsable haya calificado la conducta atribuida a las otras personas agraviadas y decretado la sanción que les fue impuesta derivada de la anotada infracción, que consistió en arresto de 12 horas o el pago de una multa de $448.10; por el contrario, se tiene que la autoridad responsable determinó que los agraviados fueran ingresados a celdas, y fueron puestos en libertad en razón de que pagaron la multa que les indicaron de manera verbal, según consta en la boleta de libertad correspondiente.