El pasado 07 de marzo, activistas feministas de La Paz denunciaron haber sido víctimas de acoso e intimidación por parte de elementos de la policía estatal. El gobernador, Víctor Castro, reconoció que se trató de un acto irresponsable y ofreció una disculpa pública a feministas ya que señaló, no fue una buena estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
“Fue una irresponsabilidad que lo hago público, no estoy de acuerdo, me van a perdonar quien sea, pero no es así, el gobierno no va a promover este tipo de relaciones a la comunidad por más de buena fe que haya sido, no debe de haber este tipo de cuestiones”.
Fue previo a la marcha por el 8M cuando elementos de seguridad realizaron visitas a domicilios de familiares de defensoras de derechos humanos para hacerles la “invitación” de manifestarse de manera pacífica, Castro Cosío informó que el titular de Seguridad Publica, Luis Alfredo Cancino Vicente, estuvo enterado de este recorrido, el cual condenó.
“Hay que hacernos responsables, el secretario aceptó esta medida, nosotros no le llamamos intimidación sino un diálogo con las principales activistas que habían quemado o sabían que se habían quebrado los vidrios”.
Al calificar esta estrategia de seguridad como un acto ilegal y grave por el hecho de utilizar inteligencia y datos personales para hostigar a defensoras de derechos humanos, tal y como lo expresó la activista y periodista Daniela Reyes; el jefe del ejecutivo no consideró que se tratará de un acto ilegal, adelantó que cuentan con datos de quienes se han visto involucradas en manifestaciones que terminan en destrozos de inmuebles.
“Claro que tenemos los datos, es la obligación que tenemos la autoridad, no estamos violentando para nada nosotros. Así como ustedes hacen sus investigaciones nosotros también hacemos las nuestras y estamos obligados si nos atacaron un bien público, que es tuyo, es de toda la comunidad, no son datos personales, son datos que nosotros debemos de tener”.
Finalmente, adelantó que aunque no fueron las formas de buscar el diálogo, de momento no se ha planteado llevar a cabo sanciones a elementos policiacos que realizaron estas visitas a domicilios.