Ante el anuncio de arranque de la "Cruzada Estatal contra las Violencias de Género" convocada por el Gobierno de Baja California Sur, la diputada María Ojeda González (PRD), hizo un llamado a las autoridades para que, entre todas y todos, resuelvan a la brevedad la situación que guarda la conocida Ley "3 de 3" contra la violencia hacia las mujeres para que en Baja California Sur sea Ley.
Recordó que fue hace un año 5 meses, el Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó la Ley 3 de 3 contra la violencia, a fin de que quienes tengan antecedentes, denuncias o sentencias, como deudores de pensión alimenticia, acosadores, agresores por razones género en el ámbito familiar no puedan aspirar a ninguna función pública, cargo de elección popular o responsabilidad en el ámbito Legislativo, Ejecutivo o Judicial.
A más de un año de su creación, dicha ley no ha sido aplicada por ningún poder gubernamental, existe un retraso en el cumplimiento del Decreto 2774. Por lo que hoy debe ser actualizada para que sea publicada.
La legisladora felicitó al poder ejecutivo por el lanzamiento de la cruzada estatal por la responsabilidad de coordinar esfuerzos institucionales, para reconocer que la violencia contra las mujeres en razón de género esté dimensionada como una "enfermedad" que sigue cobrando vidas en todo el mundo, sin embargo, puntualizó en que se debe trabajar desde las mismas instituciones, sancionando a servidores públicos que han sido denunciados como acosadores.
"Le pido con esa sensibilidad que tiene usted señor gobernador, que nos apoye para que, de darse la dictaminación de la 3 de 3 sea pronta su publicación porque no podemos estar hablando de que se está haciendo una cruzada para erradicar la violencia cuando no hay una sanción para que los servidores públicos que están siendo acosadores sean sancionados".
Cabe mencionar que cada vez son más frecuentes las denuncias por acoso sexual y hostigamiento ejercidas hacia mujeres por diversas dependencias de gobierno, incluso, el mismo gobernador ha reconocido que se han presentado al menos 15 denuncias oficiales, 4 funcionarios han sido removidos de sus cargos. Sin embargo, hay trabajadoras que tienen otros datos.