En agosto de 2022 un yate se incendio en el Área Natural Protegida (ANP) Playa Balandra, causando una contingencia ambiental al derramar grandes cantidades de combustible, así como fibra de vidrio en la zona. La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Baja California Sur, informó que ya existe auto de vinculación a proceso en contra de Rafael “L” presunto responsable del incidente.
La FGR destacó que el 24 de agosto de 2022, se inició carpeta de investigación derivado de la recepción de un escrito signado por la subdirectora Encargada de Asuntos Jurídicos de la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quien denunció que en la zona conocida como Playa Balandra, en la Subzona de uso restringido, un yate se incendió y se hundió, lo que trajo como consecuencia el riesgo inminente a los recursos naturales de esa área natural protegida.
A seis meses de esta tragedia ambiental que fue catalogada por la sociedad como un “Ecocidio”, el Ministerio Público Federal (MPF en audiencia inicial, obtuvo del Juez de Control el auto de vinculación a proceso y le impuso a Rafael “L”, las medidas cautelares de presentación periódica, la prohibición de salir del país sin autorización y fijó un plazo de tres meses para el término de investigación complementaria.
Tras esta resolución, el vocero del Colectivo Torpedo, Alex Águila, una de las agrupaciones ambientales que han hecho constantes llamados a las autoridades de todos los niveles gubernamentales para que playa Balandra y otras ANP del estado cuenten con mayor vigilancia.
Consideró que esta no es la única solución tras el incidente, lamentan que siga sin existir el compromiso de gobiernos por cuidar el ecosistema.
“Pasaron 6 meses de que se dio este terrible incidente y hecho en la Bahía de Balandra entonces, de entrada, esto es alarmante, que tengamos que esperar como ciudadanía 6 meses para que las autoridades hagan su trabajo de manera pseudoeficiente, sin embargo, también hay otra cuestión, no estamos convencidos de que el tema de los castigos sea realmente la solución para prevenir que otro de estos hechos suceda”.
Consideran que si la empresa dueña de la embarcación respalda económicamente a la persona en quien se abrió un proceso legal por la contingencia, es muy probable que a partir de amparos no pase absolutamente nada y todo se quede como un hecho aislado. Mientras tanto, la ANP sigue sin ser salvaguardada.