En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Seguro y Libre, celebrado en todo el mundo desde 1990, la Asamblea Feminista de Baja California Sur hace una convocatoria pública para asistir a la manifestación simultánea que se realizará en las ciudades de La Paz y Cabo San Lucas a las 18:00 horas del miércoles 28 de septiembre.
La principal exigencia de la Asamblea Feminista de Baja California Sur es la no criminalización y la desestigmatización del aborto en el estado, pues se trata de un procedimiento común y seguro entre mujeres y personas con capacidad de gestar cuando éste se brinda en un entorno de información clara y veraz, amoroso y libre de juicio.
A pesar de que las leyes estatales en torno al aborto lo hacen una práctica legal desde junio de 2022, armonizado con la resolución de la Suprema Corte de la Nación de septiembre de 2021, en la práctica esto no es una realidad.
A partir de la experiencia de tres mujeres en los municipios de La Paz y Los Cabos, se confirmó que las instituciones de salud del Estado no cuentan con protocolos para acceder al servicio de aborto clínico de una manera informada, segura y libre de juicio. Por el contrario, las experiencias de estas mujeres fueron en un contexto de violencia y estigmatización.
La Secretaría de Salud (SSBCS) asegura que cuenta con el espacio, infraestructura, herramienta y personal no objetor de conciencia para cumplir el Lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México en cualquier trimestre de gestación (en el caso de violación). También asegura que su personal recibe capacitación semestral de actualización para llevar a cabo abortos seguros e interrupciones legales del embarazo. No obstante, en la práctica hay demora, criminalización y negligencia en las tres instituciones de salud gubernamentales: en los hospitales de la SSBCS, en el ISSSTE y en el IMSS.
Esta situación impide que la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM 046) sea llevada a cabo de manera correcta y eficaz. En ella se establecen los criterios a observar en la detección, prevención médica y orientación a víctimas de violencia sexual, que incluye atención en crisis y posterior atención psicológica; ofrecer la anticoncepción de emergencia hasta un máximo de 120 horas después del abuso; pruebas de detección de VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y servicio de interrupción voluntaria del embarazo en caso necesario.
Además de establecer que los casos de violencia sexual deben atenderse como emergencia médica, sin necesidad de una denuncia previa. En el caso del IMSS, la Asamblea Feminista de Baja California Sur tiene conocimiento de demora y condicionamiento del servicio hasta contar con una denuncia ante Ministerio Público.
“Todo ello resulta preocupante en un contexto donde, de 2016 a 2020, 153 personas víctimas de violencia sexual fueron atendidas por la SSBCS, incluyendo niñas de 12 y 14 años. No obstante, estas cifras no representan el número real de casos, pues el IMSS e ISSSTE cuentan con sus propias bases de datos, además de la cifra negra que se refiere a los delitos ocurridos, pero no denunciados”.
La Asamblea Feminista de Baja California Sur, a través de la experiencia de las acompañantas de aborto con medicamento en casa, afirma que este procedimiento puede realizarse de manera segura y amorosa en un entorno privado, siguiendo los protocolos publicados y difundidos por la Organización Mundial de la Salud, por lo que promueve el aborto autogestivo con medicamentos.
No obstante, esto no exime al Estado de Baja California Sur de hacer cumplir las leyes que de él emanan. Tiene la responsabilidad y la obligación de que éstas se concreten en acciones que permitan su adecuada ejecución y, mientras esto no suceda, las activistas seguirán exigiéndolo.