La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 134/2022 a autoridades federales, Gobierno de Jalisco y para los ayuntamientos de El Salto, Juanacatlán y Poncitlán por la contaminación del Río Santiago y los daños a la población aledaña a su cauce.
La recomendación está dirigida a la SEMARNAT, la Secretaría de Salud Federal, CONAGUA, COFEPRIS, PROFEPA, Gobierno de Jalisco y los municipios anteriores por no implementar medidas de prevención, mitigación y restauración de la calidad del agua en el río Santiago así como la falta de atención a padecimientos de salud provocados por los contaminantes a las poblaciones vecinas del río.
La CNDH documentó que las autoridades de los tres niveles de gobierno han incumplido en las peticiones y exigencias hechas por entes como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para atender la contaminación del río y sus afectaciones a la salud.
La CNDH pide a autoridades ambientales celebrar un convenio para la restauración del río y elaborar un plan estratégico para la reparación del cuerpo de agua y sea remitido al organismo de forma periódica.
A las autoridades sanitarias solicitan un programa de atención médica de calidad y adecuada a la población afectada así como una campaña informativa para identificar los síntomas generados por la contaminación del agua.
La CONAGUA deberá actualizar el estudio de Clasificación del Río Santiago y expedir su declaratoria; una vez hecho, evaluar los permisos de descargas residuales vigentes para que los permisionarios las evalúen considerando la situación del río; iniciar recorridos de inspección por el afluente del río para detectar posibles irregularidades en descargas de aguas residuales.
Al gobernador de Jalisco y autoridades estatales llaman a evaluar puntos de descargas de aguas residuales y verificar sistemas de alcantarillado y drenaje así como garantizar el acceso a la salud a la población vulnerable, entre otros.
A Juanacatlán, Poncitlán y El Salto corresponderán puntos como la revisión del alcantarillado y drenaje e implementar campañas informativas en colaboración con otras autoridades.