Diputados del Congreso de Jalisco avalaron las propuestas sobre las inversiones público privadas para el financiamiento de los proyectos de construcción de la línea 4 del Tren Ligero y la ampliación de la planta de tratamiento de El Ahogado.
Fueron 33 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, cifras que se repitieron en las dos votaciones.
Para el proyecto de la línea 4, habrá una inversión de nueve mil 725 millones de pesos, de los cuales, dos mil millones serán aportados por el Gobierno Federal, dos mil por el Gobierno estatal y los restantes cinco mil 725 millones serán aportados por la iniciativa privada.
El contrato para la concesionaria -que se prevé sea Mota Engil- será por 38 años y un total de 21 mil 614 millones de pesos sin incluir IVA; la propuesta incluye la cesión del derecho de cobro del boletaje para la empresa privada, crear uno o varios fideicomisos como fuente de pago alterna o garantía de obligaciones para quien la adquiera y constituir fondos revolventes en caso de que la empresa no recupere el monto con el boletaje.
La diputada de Hagamos, Mara Robles, cuestionó que este último punto se comprometa con la utilización de las participaciones federales:
"Se han explayado en decir que la Asociación Público-Privada no es una deuda, sino un compromiso de pago. Aquí estamos dejando en garantía nada menos que las participaciones federales como una deuda".
La propuesta también obliga a SITEUR a contratar por hasta 150 millones de pesos una línea de crédito para garantizar el monto de la recuperación de la inversión.
A las críticas se sumó Verónica Flores, quien señaló que faltó discusión del proyecto mientras que Susana de la Rosa acusó que las mesas técnicas no fueron parlamento abierto debido a que solo fue diálogo entre representantes del Ejecutivo y el Legislativo.
Para la ampliación de la planta de tratamiento de El Ahogado, la iniciativa privada aportará mil 157 millones de pesos para completar un total de cinco mil 276 millones para una concesión por 20 años.
Esta propuesta también incluye la creación de un fondo revolvente como fuente alterna de pago por hasta un mes, así como contratar 100 millones de pesos como crédito para garantizar el pago de la contraprestación total pactada.
El decreto permitirá alcanzar una capacidad de ampliación de hasta mil litros por segundos.