Imagina que estás en tu casa y descubres petróleo, ya sea en el patio o una de las recámaras, en un inicio puedes pensar que es hora de 'administrar la abundancia', tal como dijo el expresidente José López Portillo... pero no así. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina de quién es el petróleo o los hidrocarburos hallados en una propiedad privada.
En el artículo 27 de la Constitución se establece la propiedad de las tierras y aguas de la nación, incluyendo los recursos que se encuentran dentro de esos límites, como pueden ser el petróleo, los hidrocarburos y hasta el litio, mineral cuya extracción y utilidad quedó a cargo del gobierno mexicano en la llamada Ley Minera.
¿Qué pasa si descubro petróleo en mi casa o propiedad?
El petróleo quedará a cargo de la nación y de la industria encargada de su explotación, es decir, Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución. ¿Pero cómo es posible que un recurso hallado en propiedad privada termine en manos del Estado? Te lo explicamos.
En un párrafo adicionado en diciembre de 2013, el artículo 27 marca lo siguiente: "Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, del subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y NO se otorgarán concesiones". Es decir, las personas no serán propietarias del 'oro negro'.
Te podría interesar
El Estado se reserva el derecho de explotar el petróleo, con la finalidad de "obtener ingresos que contribuyan al desarrollo a largo plazo". Los privados o empresas sólo pueden participar a través de contratos y/o asignaciones, "los hidrocarburos del subsuelo son propiedad de la nación", remarca el artículo.
¿Las personas que descubren petróleo obtienen algo?
Sí. El Estado mexicano está obligado a indemnizar a las personas en caso de que expropie el predio o terreno donde se halló petróleo, hidrocarburos u otros recursos existentes en el subsuelo. Los propietarios no podrán rentar, vender o traspasar la propiedad al ser de importancia para la nación, mientras que el gobierno le dará una contraprestación por los posibles daños.
En la reforme energética de 2013, aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se establecía que los propietarios del terreno o propiedad se hacían acreedores a un pago del 0.5 al 3 por ciento por la venta del petróleo o los hidrocarburos obtenidos en el subsuelo.