Un vasto programa de vivienda anunciado en México por el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que prevé una inversión superior a los 600 mil millones de pesos (casi 30 mil millones de dólares), podría detonar el crecimiento del sector, informó este miércoles la calificadora Moody's.
A mediados de octubre, dos semanas después de asumir el poder, la mandataria mexicana presentó la iniciativa, que implica construir un millón de viviendas para las capas sociales más vulnerables a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda(Conavi).
"El programa podría ayudar a reactivar un sector que lleva varios años en declive", dijo la calificadora en una nota de análisis, donde subrayó que la construcción en la segunda mayor economía de América Latina ha caído a una tasa anual constante de 9.9 por ciento en los últimos ocho años, según estadísticas oficiales.
La magnitud del plan de vivienda de Sheinbaum
Del millón de viviendas nuevas, 500 mil serán construidas por el Infonavit para la población derechohabiente, mientras que la Conavi realizará otras 500 mil para personas no derechohabientes, cuyo financiamiento será por parte de la Financiera del Bienestar (Finabien).
La iniciativa gubernamental, agregó Moody's, "podría generar un incremento en el precio de los terrenos, debido a que se requieren áreas extensas para su implementación y también podría presionar a la baja el precio de las viviendas como resultado del crecimiento significativo de la oferta".
Dada la magnitud del plan, empresas especializadas en proyectos grandes como Javer, Vinte, Ara, Cadu o Ruba, "podrían beneficiarse al tener una participación en la construcción de los desarrollos inmobiliarios", añadió.
La región sur de México, conformada por los estados Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, será la principal beneficiaria del programa, con 350 mil viviendas nuevas, debido al rezago que presenta en ese aspecto.
El programa tiene como principal objetivo garantizar el derecho al techo, lo que no sucedía en gobiernos neoliberales, donde la construcción de viviendas estaba pensada como un proyecto de desarrollo inmobiliario y no como obras para garantizar los derechos del pueblo de México.