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Martí Batres propone ley para frenar el abuso en rentas en CDMX ¿en qué consiste?

El jefe de gobierno capitalino dijo que esta iniciativa responde a la necesidad de abordar los efectos negativos del encarecimiento de las rentas en los últimos años.

Martí Batres, jefe de gobierno CDMXCréditos: Especial
Escrito en CDMX el

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, presentó una Iniciativa de Reformas a la Ley de Vivienda y al Código Civil del Distrito Federal, la cual será enviada al Congreso capitalino en los próximos días.

Esta propuesta, dijo, busca frenar el aumento excesivo de las rentas de vivienda y se centra en tres medidas principales.

“Aquí estamos cumpliendo con un compromiso que hicimos de presentar una propuesta de reformas, es una propuesta de reformas directa, sencilla, concreta con medidas específicas que son fundamentalmente tres: una, establecer que las rentas no podrán aumentar más allá de la inflación del año transcurrido; dos, establecer un registro digital de los contratos de arrendamiento; tres, establecer una política pública de construcción de vivienda para renta”, declaró Batres.

Martí Batres, jefe de gobierno capitalino / Especial

Abordar efectos negativos de las rentas

Durante una conferencia de prensa, Batres señaló que esta iniciativa responde a la necesidad de abordar los efectos negativos del encarecimiento de las rentas en los últimos años.

“En los últimos lustros las rentas de vivienda han subido de una manera excesiva en la Ciudad de México, este es un fenómeno que tiene un notable impacto social negativo, pues afecta más o menos a un millón de personas que rentan su vivienda en la Ciudad de México. Además, repercute en otro tipo de fenómenos: genera especulación inmobiliaria, gentrificación, expulsión de habitantes de la Ciudad de México hacia la periferia. (...) El alto costo y la elevación en el costo de las viviendas en alquiler, repercute principalmente en contra de los más pobres, es a los que les pega más; es decir, a las clases populares y a las clases medias populares”, explicó.

¿Qué busca la ley de viviendas?

Las reformas propuestas incluyen modificaciones a los Artículos 1 y 59 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México para promover la producción de vivienda en arrendamiento por parte del gobierno, beneficiando a la población de menores ingresos.

“En el Artículo 1, incorporar una Fracción XVII que diga que, entre las disposiciones generales que establece la Ley, se encuentra la de garantizar la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible para las personas de menores ingresos por parte del Gobierno de la Ciudad de México. Esto es, que el Gobierno de la Ciudad de México construya vivienda pública que se ponga en renta. (...) En el Artículo 59, donde se especifican las diversas políticas de vivienda que tiene que impulsar el Gobierno de la Ciudad y las que tienen que ver con las de arrendamiento, se señala: el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y/o el Instituto, deberá fomentar la vivienda en arrendamiento asequible, mediante esquemas y programas dirigidos a la población vulnerable, en situación de pobreza y de menores ingresos”, precisó Batres.

Además, se propone modificar el Artículo 2448 D del Código Civil del Distrito Federal para limitar el aumento de las rentas a la inflación. “Nosotros proponemos lo siguiente: ahí en el artículo donde dice: ‘para los efectos de este capítulo la renta deberá estipularse en moneda nacional y solo podrá ser aumentada anualmente’, proponemos incorporar este párrafo que sustituye este, o sea, poner un límite diferente que señale lo siguiente: ‘El incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, respecto de la cantidad pactada como renta mensual’. (...) Estamos poniendo: ‘el aumento no podrá ser mayor al índice inflacionario’, de tal forma que podamos frenar la tendencia al alza que se ha venido dando en los últimos años”, señaló Batres.

Asimismo, el inciso F del mismo artículo establecerá un registro digital de contratos de arrendamiento, a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, con un plazo de 30 días para que el arrendador realice dicho registro, de conformidad con la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales.

Finalmente, Martí Batres aseguró que esta iniciativa contribuirá a que la Ciudad de México se consolide competitivamente a nivel global, al alinearse con disposiciones similares en grandes ciudades del mundo.