Jesús Sesma, secretario general del Partido Verde, dio contundente respaldo a la propuesta legislativa que busca instalar sistemas de captación de lluvia en todos los edificios y casas de la Ciudad de México.
Esta iniciativa, liderada por el diputado del Partido Ecologista, coordinador de la Alianza Verde en el Congreso capitalino, Javier Ramos Franco, "también contempla que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México asuma el costo de las pipas de agua en caso de desabasto".
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Sesma Suárez resaltó la importancia que tiene esta medida "para enfrentar de fuentes efectiva la crisis hídrica que afecta a la capital mexicana":
"Más allá de ofrecer una solución a la escasez de agua, este proyecto contribuye a fomentar una cultura de aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos", aseguró
El político ecologista consideró crucial aprovechar el agua de lluvia para uso doméstico, "como una vía para lograr una gestión más eficiente del recurso".
La iniciativa propuesta en la Cámara de Las y Los Diputados capitalina, permitiría que los hogares afectados por la falta de agua dispongan de al menos ocho litros por cada dos personas al día, asegurando un abasto de entre cinco y ocho meses.
"El agua de lluvia captada podría emplearse para diversas actividades domésticas, siempre y cuando se añada un purificador adicional", afirmó Sesma Suárez
Derecho al agua
El político ecologista capitalino detalló que la iniciativa legislativa "busca reformar la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México":
"Responde al llamado de la ONU para garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible para todos en el año 2030", destacó
Detalló que la iniciativa considera la necesidad de hacer inversiones adecuadas en infraestructura, instalaciones sanitarias y prácticas de higiene.
Jesús Sesma Suárez, explicó en que la propuesta plantea que, en caso de no ser posible tanto la instalación de sistemas de captación de agua, como el suministro de agua mediante pipas, "el Gobierno deberá asumir los costos que los ciudadanos incurran al contratar pipas particulares".
"Debemos considerarlo una cuestión de justicia social y ambiental, donde el gobierno debe garantizar el acceso equitativo al agua, que es recurso vital para toda la población", concluyó