La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la situación legal de 53 hectáreas en Santa Fe que, dijo, fueron invadidos ilegalmente en su mayoría alrededor de la década de 1980, usados para hacer construcciones y puestos a la venta, informa Miguel Leyva Medina, titular de la Unidad Especializada de Investigación Terrorismo Acopio y Tráfico de Armas de esa institución, en entrevista para "Por La Mañana" con Ciro Gómez Leyva.
Además, resaltó que quienes habitan en la zona o quienes adquirieron inmuebles después de la invasión serán consideradas víctimas y no perseguidos por el caso, a quienes la propia FGR les ofrecerá defensa.
"Si alguien invadió un terreno en 1980, no cabe la prescripción, no puede ser que ahora tenga una escritura legalmente establecida. La FGR tiene que investigar desde dónde tiene la posesión él y cómo la consiguió", especificó Leyva Medina.
-Entonces los invasores fueron los que construyeron un departamento... -cuestionó Ciro Gómez Leyva.
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"Así es. Ellos no tienen que pagar por algo que no hicieron. Lo tienen claro, hemos tenido comunicación con la asociación de colonos, ellos lo tienen perfectamente ubicado el problema. Ellos están en coordinación con la Fiscalía, y nosotros mismos le vamos a informar, para efectos que estén enterados del desarrollo y el curso de la investigación", explicó.
El funcionario señaló que los bienes propiedad de la nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Además de que resaltó que el terreno, por haber sido asignado a la Secretaría de Agricultura, la Comisión Nacional de Fruticultura, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, está dentro de un proyecto ecológico con 14 mil árboles sembrados.
"El terreno que está siendo invadido tiene gran plusvalía y gran valor económico", añadió.
El funcionario aclaró además que las nuevas instalaciones de la FGR se construyen sólo en una parte de as 53 hectáreas, con miras a que se terminen a finales de este 2022, para comenzar el traslado de personal a ese espacio.
Leyva Medina señaló que existen dos decretos en esta materia, uno de ellos, publicado en 1907 por Porfirio Díaz en el que declaró como bienes de propiedad nacional una superficie de 2 mil hectáreas.
Y otro, de 1917, cuando Venustiano Carranza publicó un nuevo decreto en el que se reconoce el derecho de propiedad a los habitantes de Santa Fe, cuya ocupación continuada lo justificara. A pesar de que estos decretos tienen más de 100 años, no prescriben, aseguró.
"La FGR está en un proceso contra los invasores de esas propiedades, en muchos casos, los invasores construyeron un departamentos. Están requiriéndolos y al mismo tiempo, van a defender a los inquilinos", señaló el funcionario.
En los terrenos investigados no está la Universidad Iberoamericana, el Complejo Urbano Santa Fe y mucho menos el Bosque de Chapultepec, aseguró Leyva Medina.
En respuesta a una pregunta de Manuel Feregrino sobre el conocimiento que se tiene en la FGR de los responsables, Leyva Medina señaló que: "Tenemos identificado cómo operó la red de venta, quiénes invadieron al principio. Cómo se condujeron para darle un poco de legalidad a lo que no la tenía", especifica sobre la investigación que tiene un año.
El funcionario apuntó que los que se apropiaron de los terrenos de Santa Fe han lanzado una fuerte campaña en contra de la fiscalía y que no hay detenidos hasta el momento.
Inquilinos serán protegidos por la Fiscalía, asegura Leyva Medina
El titular de la Unidad Especializada de Investigación Terrorismo Acopio y Tráfico de Armas aseguró que no van a perseguir, "incluso vamos a defender a los habitantes de estos edificios. Ellos pueden acercarse a la Fiscalía para hacer valer sus derechos", resaltó.
"A ninguno de los inquilinos se les ha requerido a título personal que exhiban alguna documentación, ellos no tienen ningún problema. El problema es quien invadió en su momento los predios. Quien invadió los predios, ellos sí tienen que dar la cara", aseguró.
Agregó que quienes invirtieron en la zona y pudieron comprar de forma legal, y lo hicieron de buena fe, a él le tendrá que responder la persona que le vendió el inmueble.
"En contra de quien le vendió es que tiene que acreditar ese trato sucesivo de que hablamos, esa posesión que dice que tiene desde hace muchos años y que tendrá que acreditar o una desincorporación que se hizo a su favor o definitivo. Va a ser complicado", detalló Medina Leyva.
De acuerdo con el funcionario, la Fiscalía está requiriendo a quienes originariamente poseen o han adquirido una vivienda en esos lugares de Santa Fe a que acrediten su legal procedencia. "Esto no es un abuso, es una facultad de la institución", comentó al respecto.
La Fiscalía General de la República busca recuperar los terrenos de Santa Fe como parte de las obras para la construcción de su nueva sede, el Parque Nacional de Justicia.