La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez por presunta delincuencia organizada.
De acuerdo con la Fiscalía, la presentadora de televisión, Víctor Manuel Álvarez y otras personas más, se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a una organización criminal, bajando cargas tributarias y ocultando operaciones.
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En 2019, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, inició una carpeta de investigación en contra de la presentadora, su exesposo y otras personas más: Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P” y Mauricio “R”.
Así como de siete empresas por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Durante la investigación de la organización principal a cargo de Víctor Manuel Álvarez e Inés Gómez Mont, la Fiscalía pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C” y Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de la conductora y su exesposo.
Todas estas personas presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.
Los servidores públicos Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N” fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales, señaló la Fiscalía.
En el caso de una de las empresas que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor “Z”, detalló, dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos referidos. Esto, aunado a dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social por 2 mil 950 millones de pesos.
La Fiscalía indicó que tres de los implicados ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal. En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.