La diputada morenista Leonor Gómez propuso ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que busca regular el contenido de influencers en redes sociales.
El planteamiento busca reformar el Código Penal Federal, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley de la Administración Pública Federal para crear la “Plataforma Nacional de Seguimiento del Contenido de Influencers en medios digitales”, donde tanto personas físicas como morales podrán presentar quejas sobre contenido que incida en actos de discriminación y atente contra los derechos humanos.
La legisladora morenista enfatizó que en la actualidad hay creciente preocupación por los efectos nocivos de ciertos contenidos que pueden tener en la audiencia, especialmente en menores de edad.
El objetivo es abordar los problemas en el ámbito digital tales como los peligros asociados a retos virales que pueden poner en riesgo la vida y salud de los internautas, así como la promoción de productos o pseudomedicamentos sin respaldo científico.
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Asimismo, se pretende alertar por grupos que operan en plataformas digitales o sectas que someten y estafan a sus seguidores, donde algunos influencers pueden estar involucrados.
“Establece un vínculo de comunicación entre las personas internautas y las autoridades de la Administración Pública Federal, con la finalidad de dotar de seguridad y certeza jurídica ante los conflictos por publicidad engañosa o transgresión a derechos humanos, como producto del marketing de influencers”, se lee en la propuesta de la legisladora.
¿Cómo se sancionaría contenido perjudicial de influencers?
El objetivo de esta iniciativa es que los ciudadanos puedan presentar quejas de manera formal. Una vez que se ingrese una queja en la Plataforma Nacional de Seguimiento, esta será canalizada a las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Salud (Ssa) o la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que se realicen las investigaciones pertinentes y se impongan las sanciones correspondientes.
Las sanciones propuestas van desde la eliminación del contenido perjudicial hasta multas económicas que podrían alcanzar el doble de las ganancias monetizadas por el influencer.
En situaciones donde los influencers trabajen bajo contrato, la multa será equivalente al doble del valor de dicho contrato. Para aquellos que no obtengan beneficios económicos, se establecen multas que podrían oscilar entre 500 y 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.